Una movilización sin precedentes contra la conducta antisocial de las entidades financieras en materia de vivienda, más un millón y medio de firmas en una Iniciativa Legislativa Popular por Stop Desahucios, Dación en pago retroactiva y alquiler social y una sentencia del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T.J.U.E.) de 14 de marzo de 2013, (asunto C-415/11, caso Aziz) han obli­gado al Gobierno a modificar la legislación española en materia hipotecaria.

Desde el pasado 15 de mayo de 2013 está en vigor la Ley 1/2013 de “Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deu­da y alquiler social”. Una norma que lega­liza los parches anteriores sobre desahu­cios que vinieron en forma de Real Decreto (Código de Buenas Prácticas y Moratoria de dos años), y que se han revelado como un rotundo fracaso al dejar fuera de su ám­bito a la mayoría de personas afectadas.

Una primera valoración es que esta última norma:

1. No contiene ninguna de las medi­das que reclamaba el movimiento: no hay dación en pago ni alquiler social ni paralización de desahucios.

2. Mantiene prácticamente intactas las anteriores normas de “mode­ración” de los efectos de los desahucios como el Código de Buenas Prácticas (aplicado durante 2012 en menos de cien su recálculo por la entidad con el límite de ahucio, quedará liberado de la misma. ocasiones) o la moratoria de lanzamientos para casos de especial vulnerabilidad. Estas medidas ya se demostraron inútiles por dejar fuera al grueso de la población afectada.

3. No asume –incluso vulnera en ocasiones– las conclusiones de la sentencia del TJUE. No  responde al daño causado en todos los procedimientos anteriores -que ahora se han declarado ilegales- ejecutados bajo una normativa que vulnera el derecho a la defensa del consumidor y, por tanto, la tutela judicial efectiva. En lo que respecta a los intereses de demora, contraviene incluso la doctrina del TJUE al legalizar la posibilidad de moderar los intereses abusivos permitiendo su recálculo por la entidad con el límite de veces el interés legal del dinero, cuando el Tribunal ha declarado que una cláusula nula, precisamente como castigo para la parte que la impuso, no es adaptable para su “regularización”.

4. Contiene elementos de inconstitucionalidad como la discriminación víctimas. tencia del TJUE. No responde al daño por razón de edad a menores de 4 a 16 años, la posibilidad de recurrir en apelación el Auto que resuelve sobre cláusulas abusivas sólo en caso de que resulte perjudicada la entidad financiera, etc.

5. Incorpora posibilidades irreales de condonación de la deuda. En este sentido, si el afectado logra abonar el 65% de su deuda en 5 años tras el desahucio, quedará liberado de la misma. Ídem si abona el 80% en el plazo de 10 años. Si tenemos en cuenta que la mayoría de impagos de hipoteca derivan de pérdida de empleo y que, tras el desahucio, deben afrontarse los gastos de un nuevo techo, la medida “de gracia” del Gobierno resulta casi ofensiva para las víctimas.

6. No reconoce el derecho a la vivienda como Derecho Humano (arts. 25 Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 8 Convenio Europeo Derechos Humanos). Al contrario, trata la vivienda como un mero inmueble objeto del tráfico mercantil, un bien que debe ser embargado para satisfacer el crédito del prestamista.

7. Se establece un plazo sumarísimo de un mes desde la publicación de la ley (sirviendo el BOE como notificación procesal “por decreto”) para que, en los procedimientos en curso, los ejecutados puedan alegar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato. El plazo es tan reducido, sumándose la falta de notificación en persona, que parece que el objetivo de la norma es que la mayoría de afectados no pueda acogerse a ella. La PAH ha colgado un “kit de emergencia” en su página web para ser descargado por los afectados, con instrucciones legales para abogados de forma que se consiga un efecto masivo de impugnaciones de hipotecas en los tribunales .

En definitiva, el Gobierno del Partido Popular se ha retratado como el gobierno de los poderes financieros, en la estela de los gobiernos anteriores, evitando afectar los intereses de las entidades prestamistas, o lo que es lo mismo, manteniendo en lo básico un sistema hipotecario por el que millones de personas dedican seis años íntegros de salario para poder tener vivienda bajo amenaza de desahucio y exclusión social.

Una nueva esperanza

Después de más de un año de preparación y recogida minuciosa, firma a firma, de casi un millón y medio de votos a favor de la ILP, el Gobierno no pudo más que aceptar su discusión en el Congreso y el Senado. La iniciativa bien puede calificarse como la más popular de las Iniciativas Legislativas Populares, tanto por el número de firmas que la suscribían, como por el consenso social generado en su favor. La decisión gubernamental de admitir su discusión a trámite, constituyó una señal inequívoca de la reconfiguración en la relación de fuerzas a la que asistimos en estos momentos. La presión de un movimiento social desde abajo y con propuestas concretas, representó aquel día una amenaza para el poder político, que se vio obligado a ceder a la mayoría social. Aunque la ley que comentamos no haya tenido en cuenta las demandas del movimiento, la victoria conseguida el 13 de febrero de 2013 es un punto de referencia en el actual ciclo de movilización. El lema “Sí se puede” representa hoy para millones de personas un estado de ánimo de confianza en nosotr@s mismos y en la acción directa como el medio más adecuado para la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Javier Rubio

Abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).