Escrito por Plataforma de Afectados por la Hipoteca

La PAH vuelve a denunciar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos (DD.HH.) en tema de vivienda con el Recurso de Inconstitucionalidad a la Ley 1/2013 de 14 de Mayo y pone de manifiesto los déficits democráti­cos y de participación ciudadana que también denunciamos con la tramitación de la ILP. Este recur­so cuenta con los avales de 24 diputados y “lamentamos” que el PSOE vuelva a intentar apropiar­se de esta iniciativa y no apoye a la sociedad civil para presentarlo. Pese a esta actitud lamentable, reclamamos que el TC declare la inconstitucionalidad de la Ley 1/2013 por violación de derechos fundamentales.

Y comunica:

Ante el anuncio del PSOE de la pre­sentación del recurso de inconstitu­cionalidad a la Ley de la vergüenza 1/2013 de 14 de Mayo, y que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le solicitó que avalase, (al igual que al resto de partidos de la oposición), consideramos una victo­ria haber forzado al principal partido de la oposición a un cambio de posición y al reconocimiento de la situación de “es­tafa política” que la tramitación de la ILP por parte de la mayoría parlamentaria del gobierno del Partido Popular ha supuesto para la ciudadanía.

Que entendemos la presentación de recurso de inconstitucionalidad como una victoria de la PAH y del conjunto del movi­miento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos. No estaba previsto el recurso de inconstitucionalidad, una vez que la sociedad civil ha traspasado los límites es­tablecidos y ante la violación de derechos fundamentales que supone la Ley de la vergüenza 1/2013, ha conseguido forzar su presentación. La PAH con su equipo jurídico y sus luchador@s sociales ha vuelto a poner en jaque al status quo y ha conseguido que ocurra lo imprevisto. Que la Ley ilegítima, inconstitucional que salió mediante una estafa al derecho de la ciudadanía de pre­sentar leyes y a la ILP avalada por más de 1.400.000 firmas, sea cuestionada de nue­vo.

La presente Ley 1/2013 que se recurre no ha venido a solucionar ningún problema de vulneración sistemática de Derechos Humanos, Constitucionales y Comunita­rios, que era lo que la Iniciativa Legislativa Popular, ILP que la PAH presentó en el Con­greso de los Diputados quería conseguir.

Aunque es una victoria de la PAH y del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defen­sa de los derechos humanos, recordamos que hay cientos de miles de Ejecuciones Hipotecarias realizadas de espaldas a los Derechos Humanos, al Derecho a una Vi­vienda Digna, y a la Ley Comunitaria, y por lo tanto ilegales, según lo dictaminado por el Tribunal de la Unión Europea en senten­cia 14 de Marzo y que en ningún caso se ha resuelto, ni se podrán restituir los derechos infringidos. Es por lo que seguimos exi­giendo el cese inmediato de todo desalojo forzoso de familias vulnerables en todo el territorio español.

La PAH se ha vuelto a colocar como la impulsora al señalar el problema y propo­ner las soluciones a problemas jurídicos y sociales creados por los gobiernos del PP y el PSOE en 35 años de alternancia política en materia de vivienda y derechos sociales recogidos en nuestra Constitución de 1978 y que ninguno de los dos partidos llamados mayoritarios han desarrollado, modifica­do, ni adecuado a las diferentes situacio­nes socio-políticas del país.

Miembr@s de la PAH junto a su portavoz, Ada Colau,  con el Recurso de Inscontitucionalidad de la ley ante el edificio del Tribunal Constitucional.


La elaboración del recurso de inconstitucionalidad por parte de la PAH ha puesto de manifiesto el déficit democrático que existe, porque muestra que es incomprensible que en una sociedad que pretende llamarse democrática no se permita a los agentes y actores de la sociedad civil y los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos presentar recursos de inconstitucionalidad frente a normas que violan derechos fundamentales incluso ante la pasividad de los actores que si deberían promoverlos.

Ante la iniciativa de presentación del recurso de inconstitucionalidad de la PAH y la petición de apoyos y avales para su pre­sentación a los sujetos legitimados para ha­cerlo, queremos además manifestar como muy grave que La Defensoría del Pueblo a fecha de hoy no se ha posicionado incum­pliendo la obligación de defensa de los dere­chos fundamentales de la ciudadanía.

Hasta la fecha hemos conseguido 24 avales de diputados para la presentación del recurso correspondientes al Grupo Iz­quierda Plural (IU, ICV y CHA) Grupo mix­to (Compromis, Amaiur, ERC, Geroa Bai y BNG). Las formaciones políticas PNV, UPyD, CIU,FAC y CC no se han pronuncia­do haciendo oídos sordos a la llama­da de la sociedad civil.

Lamentamos por último que el PSOE no haya tenido la capacidad política de per­mitir que la sociedad civil lleve a cabo la acción procesal excluyendo del recurso de inconstitucionalidad a la parte que lo im­pulsa, lo inicia y para la que ha supuesto un trabajo jurídico de enorme envergadura.

Entendemos que los intereses partidis­tas de una forma obsoleta de hacer política no pueden seguir imperando. El PSOE con esta forma de actuar demuestra que no entiende las formas éticas y honestas de estar en política y refuerza más el distan­ciamiento de los ciudadanos con algunos partidos políticos.

El movimiento ha tenido la inteli­gencia y la tenacidad para unir a mucha gente al margen de los partidos, sobre todo al margen de los partidos respon­sables de la burbuja inmobiliaria y que han negado el derecho a la vivienda. La PAH ha conseguido realizar el Recurso de Inconstitucionalidad cuando nadie creía que fuera posible.

Constatamos que nos acabamos de topar con sus viejas instituciones y sus miserias electorales. La misma fuerza institucional que le ha llevado al PSOE a ser cómplice de la burbuja y privación del derecho a la vivienda, la ha aprove­chado ahora para la manipulación de un Recurso que no le pertenece. Solicitá­bamos cincuenta avales de la iniciativa, pero algunos no quieren trabajar con los movimientos sociales, sino que los mo­vimientos sociales trabajen para ellos.

Aun así, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclama que el TC declare la ile­gitimidad de la Ley 1/2013 de 14 de Mayo y paralice cualquier procedimiento judicial hasta resolver la inconstitucionalidad de la Ley que vulnera los tratados firmados por este país sobre DD.HH.

15 de agosto de 2013

Fuente: Plataforma de afectados por la hipoteca