Escrito por Juan Torres López

En el primer semestre de este año, y según los datos que proporciona Eurostat, el coste del kilovatio/hora que pagamos las familias españolas es el ter­cero más caro de la Unión Europea (detrás de lo que se paga en Chipre e Irlanda) y un 27,6% más elevado que la media de los 28 países que la componen. En los diez últi­mos años ha subido algo más del 70% y el 77% desde 2007, lo habrá hecho casi un 4% cuando termine 2013.

Las consecuencias de ello son nefastas. En 2012, las empresas eléctricas cortaron por impago un servicio tan básico como la luz a 1,4 millones de familias españolas y el recibo para las pequeñas y medianas em­presas (que la pagan a precio más caro que las grandes) es una rémora cada vez más insoportable, lo que se traduce en pérdidas de competitividad y de la rentabilidad ne­cesaria para mantener el empleo.

No hay razones técnicas que justi­fiquen que en España se pague la luz tan cara en relación con los demás paí­ses de nuestro alrededor. La única explica­ción es que aquí la producción y distribu­ción de energía eléctrica está en manos de un pequeño grupo de empresas (lo que en economía se llama un oligopolio) que do­mina el mercado, que se ponen de acuer­do para conseguir sus objetivos y que han alcanzado un poder político extraordinario que les permite escribir a ellas mismas las leyes y normas que regulan el sector y las condiciones en que actúan.

Las búsquedas de beneficios ex­traordinarios es tan compulsiva en ese sector y el poder de las empresas tan grande que para aumentarlos no han dudado en cometer auténticas estafas que han redundado en abusos y en subidas ar­tificiales de costes y tarifas, de las cuales, además, es muy difícil que se puedan de­fender los consumidores porque muchos altos funcionarios que deben de resolver sus quejas están al servicio de las com­pañías eléctricas (como muchos investi­gadores han demostrado al sacar a la luz sus resoluciones) y porque muchos jueces cobran y trabajan igualmente para ellas, como también demuestran muchas sen­tencias (alguna incluso del Tribunal Supre­mo) materialmente aberrantes que han fa­vorecido a esas empresas. Y a ello hay que añadir los errores y vaivenes de los suce­sivos gobiernos en política energética, así como su sumisión antes los intereses de las grandes empresas europeas y, sobre todo, de las alemanas.

Las principales estafas y abusos que vienen cometiendo las eléc­tricas y que hacen que el recibo de la luz sea tan caro en España, entre otras, son las siguientes:

a) Haber aumentado irresponsable­mente, con la connivencia y aprobación del gobierno de Aznar, la infraestructura para la producción, lo que ha incrementa­do –en su mayor parte innecesariamente- los costes del sector.

b) Facturar a los consumidores por tener el derecho a conectar la potencia contratada cuando, a pesar de lo ante­rior, las compañías eléctricas no están en condiciones de garantizar el suministro de esa potencia por el inadecuado diseño de la red de distribución, por la existencia de cientos de puntos críticos y por el colapso del sistema que se produce si la potencia conectada llegara incluso al tercio de la potencia contratada. Y, con independencia de ello, la imposición de una estrategia que de facto obliga a contratar más potencia de la necesaria.

c) Cobrar a los consumidores por la renovación, actualización y mantenimien­to del parque de contadores, lo que da lugar a que paguen continuamente las im­precisiones y errores que producen como si fuese consumo efectivo.

d) Imponer un sistema de cómputo de la energía consumida por medio de un nuevo tipo de contadores que se pueden manipular a distancia, lo que impide que los consumidores puedan saber a ciencia cierta lo que de verdad están consumiendo o si se está manipulando su consumo real.

e) Haber cobrado los llamados Cos­tes de Transición a la Competencia alegan­do el gobierno para ello que acabar con el monopolio del que disfrutaban supondría una reducción de precios y de beneficios, cuando éstos no han dejado de subir. Y han subido sin cesar porque, aunque haya desaparecido formalmente el monopolio, las empresas siguen manteniendo un po­der total sobre el mercado que les permite manipular los costes e influir sobre el go­bierno a la hora de fijar las tarifas.

f) Establecimiento de un sistema de subasta para fijar el precio de la luz que está desnaturalizado y en manos de las grandes compañías y grupos financieros. En esas subastas no se compran y venden kilovatios sino productos financieros en unos mercados llamados OTC (Over The Counter o sobre el mostrador) que son los que sirven para llevar a cabo las operacio­nes especulativas (ver el libro de V. Navarro y J. Torres Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero. Planeta 2012). Los precios que se fijan allí están en reali­dad determinados por la actuación de los grandes grupos financieros como Gold­man Sachs y Morgan Stanley y otros gru­pos eléctricos que antes de cada subasta hacen que suban según les convenga.

Las compañías españolas se dejan lle­var por esa “financiarización” del mercado de la luz porque les conviene que los pre­cios suban (es lo que buscan siempre los especuladores) y porque ganan también mucho dinero especulando ellas mismas con esos productos financieros.

g) Manipular los costes del sector para justificar el llamado “déficit de tari­fa”. Este “déficit” consiste resumidamente en lo siguiente: las estafas a las que me he referido se traducen artificialmente en ta­rifas muy elevadas.

Los gobiernos de Felipe González y de Aznar nunca se atrevieron a cortar de raíz estos abusos haciendo que bajaran las tarifas y los beneficios de las eléctricas pero eso hacía que los índices generales de precios subieran considerablemente. Para poder presentar datos de la inflación aparentemente mejores, el gobierno de Aznar limitó la tarifa y reconoció entonces que ésta era menor que los costes que soportaban las empresas eléctricas, comprometiéndose a devolver esa diferencia, ese “déficit”, a las empresas por otra vía.

La estafa radica en que, gracias a lo que estableció el gobierno de Aznar, ese déficit no es la diferencia entre lo que las empresas ingresan por tarifas y sus costes reales, sino entre lo que ingresan (la tari­fa) y los costes muy sobrevalorados que presentan al gobierno y que éste acepta sin rechistar. Más concretamente, esa es­tafa se lleva cabo, entre otros, por los si­guientes procedimientos:

a) No se reflejan los costes reales de la producción de energía según las diferen­tes tecnologías o fuentes sino que se utiliza el más caro, por ejemplo, aplicando el cos­te de las nuevas centrales a otras que ya están completamente amortizadas y que producen mucho más barato.

b) Se toma como coste de la electri­cidad de cada franja horaria el de la unidad generadora más cara.

c) Como he dicho antes, se sobre­valoran las inversiones que se hicieron en los últimos años.

d) Y, para colmo, el gobierno estableció como sistema de pago de este déficit un sistema que, en la práctica, lo convierte en una especie de préstamo hipotecario pero de garantía pública y con un sistema que es el que más intereses genera, naturalmente en perjuicio de los consumidores.

La prueba manifiesta de estas es­tafas y de la connivencia  de los grandes partidos con los intereses de las eléctricas, es que se hayan negado en el Parlamento a poner en marcha una audito­ría energética que aclarase los costes rea­les del sector, tal y como propuso el grupo parlamentario Izquierda Plural.

Para proteger a las compañías eléctricas y también para seguir las órdenes del gobierno alemán que está in­teresado en promover un gigantesco pro­yecto de producción y distribución de ener­gía solar desde el Sáhara hacia Europa y no quiere competidores, el gobierno de Rajoy ha comenzado a perseguir y desmantelar el sector de energías alternativas y renova­bles en el que España ha sido una potencia mundial y que puede proporcionar energía mucho más limpia y barata.

En particular, el gobierno persigue y penaliza el autoconsumo, que si se hiciera en las condiciones que prevale­cen en otros países desarrollados podría ahorrar hasta un 50% en la factura de los consumidores.

Los sucesivos gobiernos desde hace años han mantenido una po­lítica errática y muy condicionada por los grandes grupos industriales en materia de energía nuclear y subvenciones que ha ge­nerado grandes costes a los contribuyen­tes y al sector en su conjunto, así como una gran pérdida de eficiencia.

Todas estas estafas, abusos, privilegios y errores han dado lugar a que las empresas eléctricas españolas tengan unos beneficios extraordinarios, mucho más elevados que las del resto de los países, y a que las retribuciones de los directivos que los ponen en marcha sean posiblemente las más altas del mundo. Y todo ello solo se ha podido llevar a cabo gracias a que los gobiernos de turno han puesto el Boletín Oficial del Estado a su servicio.

Para garantizarlo, las empresas eléc­tricas tienen en nómina a multitud de ex políticos y altos cargos, antiguos presi­dentes de gobierno, ministros, directores generales, consejeros de las autonomías, dirigentes de los grandes partidos pero también a funcionarios e incluso a ex jue­ces o magistrados en activo (González, Aznar, de Guindos, Roca, Boyer, Salgado, Solbes, Pizarro, Cabanillas, Martín Villa, Acebes…, entre los más conocidos).

Para reducir el coste del reci­bo de la luz hay que poner fin al predominio de los intereses privados oligopolistas sobre los de toda la socie­dad acabando con el poder político de las eléctricas. Hay que nacionalizarlas pero sometiéndolas a un severísimo control técnico y social que evite los abusos y la estafas actuales o que caigan en manos de los partidos y políticos corruptos; hay que racionalizar el sector promoviendo el equilibrio entre las diferentes fuentes de energía, el autoconsumo y el uso de las limpias y respetuosas con el medio am­biente y la vida. Y para que ello sea po­sible es imprescindible que la sociedad sepa lo que ha pasado en estos años: hay que obligar a que los medios de comu­nicación informen de estos abusos, hay que realizar una auditoría energética in­dependiente; hay que poner en claro las responsabilidades y pedir cuentas a quie­nes desde hace años vienen estafando y robando a los españoles, a los responsa­bles directos del negocio y a los políticos que lo han permitido.

Nada de eso se podrá conse­guir graciosamente ni será aprobado por los actuales grupos políti­cos mayoritarios.

Para reducir el recibo de la luz acaban­do con los abusos y las estafas que he men­cionado es necesario que se realice una inmensa presión social: que las personas normales y corrientes nos pongamos de acuerdo y digamos ¡Basta! a esta vergüen­za. Por ejemplo, comenzando por realizar “apagones” primero una vez cada quin­ce días, luego una vez a la semana, luego cada día, hasta que España se quede a os­curas como símbolo de que no queremos ver más a los empresarios que estafan y a los políticos corruptos; llamando sin cesar a los medios de comunicación para denun­ciar y pedir debates y soluciones.

Y, finalmente, llegando a un acuerdo bien sonado para dejar de pagar los re­cibos. Y todo ello, entendiendo bien que ninguna de esas medidas será efectiva si se lleva cabo solo testimonial o simbólica­mente por pequeños grupos de personas.

Juan Torres López

Catedrático en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Teoría Económica y Economía Política.

Fuente:

Revista Pedimos La Palabra, nº 324, enero 2014