Escrito por Colectivo Feminista Las Garbancitas

Desde el Colectivo Feminista Las Garbancitas (1) hemos llevado a cabo un intenso debate en torno al aborto y el derecho a decidir de las mujeres (2), fruto del mismo son las siguientes consideraciones y valoraciones que hacemos ante la  Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (3). Se trata de una ley que no garantiza de modo suficiente el derecho de las mujeres a decidir sobre algo que les incumbe en primera persona, como es continuar o no con un embarazo.

 

 “Aborto Libre y Gratuito” es un lema histórico del movimiento feminista. Al ganar el PSOE las elecciones en 1982, podía haberse hecho realidad. Sin embargo, el PSOE traicionó al movimiento feminista aprobando una ley que quedaba muy lejos de las reivindicaciones de las mujeres feministas, incluso de las socialistas y mantenía el aborto castigado por el código penal. Reconocía el derecho al aborto en 3 supuestos entre los que no se encontraba la situación social de la mujer. Durante casi 30 años, no se ha realizado ninguna reforma de la ley que haga realidad esta demanda histórica del movimiento feminista ni mucho menos dejar de considerar delito penal el ejercicio voluntario del aborto por parte de las mujeres. Sólo hubo un intento de reforma de la ley del 85, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo (junio de 1994), conocido como el 4º supuesto, aunque no llegó a ser debatido en el parlamento. Este Anteproyecto mantenía el ejercicio del aborto sancionado en el Código Penal, abría un denominado 4º supuesto que permitía el aborto sin casuísticas hasta las 12 semanas pero exigiendo un periodo de reflexión de 3 días y aceptar la información de ayudas familiares, económicas y sociales disponibles. ¿A qué nos suena?

 

Las feministas cuestionaron, en aquel momento, la propuesta de reforma por insuficiente.  “La nueva Ley no trae ningún avance. El Gobierno del PSOE ha pretendido contentarnos a todos, en su afán de arañar votos y sólo ha conseguido alborotar a la derecha y a la jerarquía de la Santa Iglesia católica e indignar a las mujeres. Esta ley estrecha y mezquina redunda en la injusticia histórica de negarnos a las mujeres el derecho que nos corresponde a decidir libre e individualmente sobre nuestros embarazos: debemos ser nosotras, en función de nuestras circunstancias y de nuestra conciencia, las que decidamos. El aborto debe ser libre y gratuito y esto sólo puede ser con la despenalización total del mismo y su inclusión en la Sanidad Pública” (Colectivo de Mujeres del CAES, octubre 1994).

 

El 3 de marzo de 2010 entró en vigor una nueva ley que opta, una vez más, por eludir los problemas de fondo: el aborto sigue dentro del código penal, no se garantiza el derecho a decidir de las mujeres y una interpretación expansiva de la objeción de conciencia sigue impidiendo que se cumpla la ley y desprotegiendo a las mujeres. Una vez más, el Estado interviene ante una decisión que es (o debería ser) meramente personal.

 

El 90% de los abortos se practican antes de la 8ª semana. En esas circunstancias, el aborto es un acto médico y no una intervención. Sin embargo, desde la Jerarquía Eclesiástica y la derecha reaccionaria se han impuesto a toda la sociedad determinadas estructuras morales y educativas que castigan y criminalizan la práctica del aborto. Parte de esas “imposiciones” penetran en nuestra propia subjetividad como resultado de la educación recibida (4).

 

En 32 países europeos se aplica una ley que permite realizar el aborto dentro de unos plazos, variables según los países. Sólo Malta y Andorra tienen prohibido el aborto.

 

La nueva ley combina plazos y supuestos para legalizar la Interrupción Voluntaria de un Embarazo (IVE), como en Reino Unido y Alemania. Esta solución mixta no mejora la ley anterior, al limitar temporalmente ciertos supuestos que antes no lo estaban. Tampoco saca el aborto del código penal. Aunque una ley de plazos otorga mayor capacidad de decisión a la mujer que una ley basada en supuestos, no significa la despenalización del acto de abortar. Fuera del plazo establecido por la ley, abortar sigue siendo un delito recogido en el código penal.

 

Plazo demasiado corto e imposición de tres días de reflexión.

 

La ley 2/2010 establece un plazo de catorce semanas en el que abortar es legal. Sin embargo, es un plazo demasiado corto. Entre el tiempo que pasa hasta que se conoce el embarazo, se toma la decisión, se recibe la información de ayuda, los informes médicos necesarios y los días de reflexión, se puede rebasar el plazo. Si se acude a la Seguridad Social para recibir asistencia gratuita, aún pueden dilatarse más los tiempos. En algunas situaciones sociales, las mujeres pueden tardar más en decidirse con lo que el tiempo corre en contra suya. Si rebasan las 14 semanas ya sólo pueden hacerlo acogiéndose a los supuestos autorizados (5). La IVE se trata de un acto médico más, las consideraciones clínicas o científicas son las que determinan cuando dicho acto puede practicarse con seguridad. Las legislaciones europeas más progresistas en esta temática han optado por leyes de plazos amplios (20-24 semanas), tomando como criterio para determinar dicho plazo el momento en que se considera clínicamente que el feto podría ser viable.

 

Incluso en el plazo de las 14 semanas, la ley pone condicionantes a las mujeres. Para poder abortar en dicho plazo, deben cumplirse dos requisitos: a) recibir información sobre las prestaciones de apoyo a la maternidad y b) un periodo de reflexión de tres días. Dichos requisitos sólo son instrumentos de presión sobre su decisión de abortar. Al obligar a una nueva reflexión, el legislador traslada una imagen de la mujer como sujeto inmaduro menor de edad y con dificultad para tomar decisiones consistentes y mantenerlas. Si la interrupción voluntaria del embarazo se tratara como un acto médico más, como ante cualquier intervención clínica, la mujer tendría derecho a ser informada de las condiciones, riesgos y posibilidades de dicha intervención para que pueda tomar su decisión del modo que considere más conveniente; una vez tomada la decisión, no cabe incorporar periodo de reflexión alguno. 

 

En tanto que intervención médica, simplemente debería aplicarse la ley que regula el derecho de los pacientes a la información suficiente y adecuada  y garantizar que se practica con seguridad. En este mismo sentido, no cabe exigir informes médicos extras. En todo caso, los informes deberían considerarse como un derecho del paciente a una segunda opinión, pero nunca como un requisito para una intervención que la mujer consiente y necesita.

 

No cabe la distinción que hace la ley con respecto a otros actos médicos para pacientes entre 16 y 18 años, aunque haya sido suavizada con respecto a propuestas más conservadoras. A partir de los 16 años, es la persona afectada la que debe decidir sin necesidad de que sus tutores legales den su consentimiento ni sean informados expresamente. Tratar como caso especial al aborto sólo puede explicarse como una forma más de mantener subordinadas a las mujeres a las decisiones que otros toman por ellas, legalmente.

 

Sanidad pública.

 

La ley anterior impidió de facto que el derecho a abortar fuera público (sólo el 2-3% de los casos se realizaban en la sanidad pública), siendo las clínicas privadas las que realizaban estas intervenciones. Esta situación condiciona a muchas mujeres sin recursos. En determinadas comunidades autónomas como Navarra, las mujeres se han visto obligadas a recurrir a ayudas económicas de terceros o a viajar a otras comunidades para abortar.

 

La nueva ley es tremendamente tibia porque no garantiza que las IVE se realicen preferentemente en centros públicos, sino que alude, indistintamente, a centros públicos y concertados. En el artículo 18 de la nueva ley se explicita que estas intervenciones (dentro de supuestos y plazos permitidos) están incluidas dentro de los “servicios comunes del Sistema Nacional de Salud”, desarrollándose de forma gratuita en los centros hospitalarios públicos. Este cambio es positivo. Con la ley anterior, el concierto con clínicas privadas no implicaba gratuidad sino que se concedía tras acreditar su necesidad. Eso conllevaba, necesariamente, retrasos más o menos prolongados, sin contar con que los profesionales que deben informar, actúan con discrecionalidad según su “libertad de conciencia”, sin que se considere negligencia. (“Acceso al aborto en el estado español”. Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAIE). Mayo 2008).

 

Objeción de conciencia.

 

No es posible garantizar el derecho a la IVE si se mantiene la posibilidad legal de que los profesionales objeten. Al menos en la sanidad pública, un profesional no debería poder negarse a realizar cualquier intervención que necesite cualquier persona. Si puede hacerlo, dicha persona podría quedar en situación de desamparo. ¿Se negaría un cardiólogo a realizar un trasplante de corazón acogiéndose a su conciencia? En otros servicios públicos (por ejemplo, los abogados de oficio) no pueden negarse a dar la asistencia a quien la necesita, ¿por qué en el caso de un derecho de las mujeres prevalece el derecho a la objeción de conciencia?

 

La regulación del aborto en España hasta la fecha no trata la objeción de conciencia de médicos y personal sanitario, pero ésta se practica, siendo uno de los grandes impedimentos para el cumplimiento de la ley a juzgar por los hechos. Durante casi 30 años, la tramitación de las IVE a través de la Sanidad Pública acababa, en la mayoría de los casos, en centros privados o concertados y pagándolo las propias mujeres, alargando el proceso en un plazo variable desde 3 días hasta, en algún caso, un mes. Las condiciones variaban mucho entre Comunidades Autónomas. En el caso de solicitar subvención parcial o total (sólo era posible en ciertas CCAA) para una IVE de un embarazo de más de 12 semanas en CCAA donde no hay centros acreditados públicos o concertados, la objeción de los profesionales era, de hecho, un impedimento para poder realizar en plazo la intervención de forma gratuita o subvencionada (ACAIE. Mayo 2008). Además, no sólo objetan los profesionales de los servicios de ginecología y obstetricia. También lo han hecho, y siguen haciéndolo, médicos de familia, asistentes sociales y todos aquellos que deben facilitar el acceso a la información y garantizar los derechos que asisten a las mujeres.

 

Es notable la ausencia de freno o, cuando menos, la falta de interés político por encauzar la objeción de conciencia. No se ha producido durante 27 años con predominio de gobiernos del PSOE sobre el PP. Tampoco lo ha hecho, al aprobar la nueva ley, un gobierno con el 50% de ministras, una mujer en la vicepresidencia y otra al frente del Ministerio de Igualdad. Si en situación tan “favorable” no se ha hecho, ¿para cuándo?  Aún estando regulado el derecho al aborto, la indefensión de las mujeres continúa. Contrasta la fuerza con la que se impone la objeción de conciencia que no está regulada. La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (www.andoc.es) cuenta con 200 socios entre médicos, farmacéuticos y enfermeros. Con ese reducido número ha paralizado en este tiempo el cumplimiento de la ley al interior de la Sanidad pública.

 

La objeción de conciencia se ha convertido en el instrumento para violar la ley y que, dentro del Sistema Nacional de Salud, se impida la práctica de abortos legales. A pesar de que el lugar idóneo para practicar abortos seguros por encima de las 12 semanas son los hospitales públicos, la realidad es que apenas se usan. En el mejor de los casos, donde campea la objeción, sólo se han prestado a realizar abortos que consideran “moralmente aceptables” como son aquellos que suponen un riesgo para la madre y malformación. Incluso rechazan la violación provocando que, si la mujer tarda en acudir a un servicio médico por la vía de la sanidad pública, se salga del plazo. Se da el caso de involución, ya que en hospitales que antes practicaban abortos, han dejado de hacerlo.

 

La objeción de conciencia es también un obstáculo para la información y asesoramiento a las mujeres dentro del Sistema Nacional de Salud. Al no haber protocolos escritos e información pública en la mayoría de las CCAA, en la práctica, el médico de familia puede eludir sus responsabilidades. El estudio citado “Acceso al aborto en el Estado Español” que han realizado las clínicas da muestra de esta situación. Es chocante que el Ministerio de Sanidad y Consumo les haya financiado el estudio y no haya gastado un euro en proteger a las mujeres de la objeción de conciencia de los profesionales médicos. Toda esta situación ha favorecido la privatización de las IVE mediante conciertos con dichas clínicas para sortear la objeción de conciencia y que las mujeres tiendan a dirigirse directamente a las clínicas privadas, renunciando a su derecho a usar la asistencia pública.

 

La nueva ley no resuelve esta situación dado que en el artículo 19 reconoce la posibilidad de objetar a cualquier profesional relacionado con la práctica de la IVE y expresamente indica: “El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”. Esta afirmación legitima la posibilidad de la objeción de conciencia y limita el derecho de las mujeres a tener una intervención gratuita y segura.

 

¿Qué han hecho los profesionales sanitarios “progresistas”, de izquierdas, feministas en casi 30 años? ¿Cómo se compagina la defensa de la sanidad pública y gratuita para todas las personas sin distinción de sexo, raza o condición económica con coexistir pacíficamente con este bloqueo? ¿Qué van a hacer a partir de ahora?

 

Fuera el aborto del código penal.

 

El acto de abortar implica una decisión muy dura y meditada. La presión social de rechazo a dicho acto se acompaña de una ley hipócrita que parece despenalizar, pero que no lo hace. Tampoco con la ley actual. La interrupción voluntaria del embarazo no sale del código penal. La despenalización debe ser total, pero existe una contradicción, no puede haber despenalización total existiendo plazos, ya que todas la IVE que se realizan fuera de esos plazos son consideradas como delito.

 

El derecho al aborto debería ser libre y gratuito y, en cada caso particular, resultado de una decisión de la propia mujer embarazada, que no estuviese condicionada, como ocurre actualmente, por el entorno familiar y social. Las mujeres somos personas adultas pero se nos trata como menores de edad. A pesar de que no existen los mismos condicionamientos que hace unos años, la presión sigue existiendo y la desinformación es cada vez mayor, sobre todo entre las mujeres jóvenes.

 

La realidad es que la sexualidad sana y libre de las mujeres, no sometida a los hombres, sigue siendo un tabú. Hace falta una educación integral sobre la sexualidad en las escuelas para chicas y chicos. Desgraciadamente no sólo no se da adecuadamente, sino que está privatizándose y mercantilizándose en manos de las multinacionales que hacen negocio con nuestro cuerpo y las instituciones educativas les permiten que nos capten en la adolescencia disfrazándose como “educadores sexuales”. L@s adolescentes recurren a las revistas para enterarse y se ven “educad@s” por series televisivas que venden la satisfacción inmediata y la despreocupación por las consecuencias (6). Lo que la nueva ley prevé a este respecto en su artículo 9 sigue siendo sólo una declaración de buenos deseos.

 

Las nuevas generaciones viven un espejismo considerando conseguidas las consignas feministas de la década de los 80, sin memoria histórica ni movimientos feministas no institucionales en los que apoyarse y aprender. La reivindicación de aborto libre y gratuito ha sido enterrada. Incluso se consideraba superada hasta que la derecha y la jerarquía eclesiástica, como en los buenos tiempos del franquismo, han empezado a perseguir judicialmente a las mujeres que abortan y a los profesionales que las ayudan a hacerlo. Esto ha sido posible por el apoyo de jueces retrógrados y el retroceso en cultura feminista tras la subordinación del movimiento feminista a las instituciones (7).

 

Es imprescindible, para avanzar, el respeto a la decisión de las mujeres, tanto si optan por abortar como si su opinión es contraria a hacerlo. La presión de la familia -sobre todo con una educación religiosa- y de la sociedad machista, influye en la toma de decisiones. Echamos en falta la memoria histórica y la transmisión de experiencias y cultura feminista en grupos de iguales para poder hacernos fuertes frente a chantajes religiosos, emocionales y económicos (8).

 

La problemática respecto al aborto se encuadra dentro de un contexto general de discriminación hacia las mujeres. Es necesario visibilizar la subordinación que sufrimos en esta sociedad machista donde todo está hecho a la medida de los hombres. La subordinación se refleja en la ausencia de una libertad real para decidir respecto a lo que ocurra con los cuerpos, proyectos y vidas de las mujeres.

 

A principios de los ochenta el movimiento feminista se oponía frontalmente a la objeción de conciencia. En las jornadas estatales “Derecho al aborto. Las mujeres decidimos” (5,6,7 y 8 de diciembre de 1981) se expresaba así el acuerdo: “derecho al aborto para todas las mujeres que así lo deseen (¿es necesario recordar que a ninguna mujer le gusta abortar?); gratuito y a cargo de la sanidad pública; decidido exclusivamente por las mujeres sin tener que alegar causas y sin que sean mediatizadas por padres, compañeros, maridos ni tribunales médicos de ningún tipo; sin limitaciones de ninguna clase, ni por razones de edad, estado civil o nacionalidad; sea cual sea el momento en que la mujer decida abortar, en casos minoritarios de estado muy avanzado, que la sociedad a través de instituciones públicas distintas a las actuales, se haga cargo del niño o la niña; que la práctica del derecho al aborto sea controlada por las mujeres y las organizaciones feministas; que todos los médicos y médicas que trabajen en la red sanitaria pública donde se realicen abortos tengan que hacerlos como una práctica más, sin que puedan alegar ningún tipo de objeción de conciencia. La exigencia del derecho al aborto ha de ir acompañada también del acceso a los métodos anticonceptivos gratuitos y sin las restricciones actuales. Exigir al mismo tiempo una investigación de nuevos métodos anticonceptivos en los que se tengan en cuenta –no como hasta ahora- los intereses de las mujeres”.

 

Estas reivindicaciones siguen siendo el objetivo a conseguir y demuestran que el aborto libre y gratuito como derecho de las mujeres es una lucha pendiente. Ahora que, además, el flamante gobierno del PP amenaza con reformar la ley 2/2010 para eliminar el aborto legal en plazo de 14 semanas y exigir el consentimiento paterno con las menores, está aún más lejos de convertirse en un derecho para todas las mujeres. El Colectivo Feminista “Las Garbancitas” nos adherimos al comunicado promovido por la Plataforma de Mujeres ante el Congreso de 31 de enero de 2012 (9) y nos sumamos no sólo porque no deberían recortarse los derechos recogidos en la ley actual, sino también porque compartimos la necesidad de reformar dicha ley para ampliarlos.

 

Notas:

(1) Puede consultarse en: ¿Quiénes somos nosotras

 (2) Para más detalles al respecto, puede consultarse: Debates sobre el aborto. A propósito del texto “Nuestro Aborto”.

 (3) Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Puede consultarse el texto completo en: Ley Orgánica 2/2010.

 (4) Para una ampliación de las reflexiones elaboradas en nuestro colectivo respecto a este tema puede consultarse: Notas sobre el contexto del derecho al aborto en nuestro país: Iglesia, Derecha tradicional y Derecha sobrevenida.

 (5) Es el caso de mujeres menores, en situación de exclusión social, precariedad, etc. En 2010 una adolescente que había sido violada no ha podido acogerse a la ley porque cuando se ha conocido su embarazo superaba las 24 semanas de gestación.

 (6) Puede ampliarse más información al respecto de la importancia de una adecuada educación sexual en: La educación sexual como requisito para el derecho a decidir

 (7) Para una mayor reflexión sobre la necesidad de un movimiento feminista plural y autónomo fuera de las instituciones,  puede consultarse: Por un movimiento feminista plural y autónomo de las instituciones. 

 (8) ver: ¿Por qué necesitamos un espacio de mujeres?

 (9) Plataforma de Mujeres ante el Congreso: Comunicado de Mujeres ante el Congreso 31 de enero de 2012.