Desde hace medio siglo se han lanzado al medio ambiente unas 100.000 moléculas de síntesis, potencialmente tóxicas, que invaden nuestros platos. “¿Existe relación entre la exposición a estas sustancias químicas y la progresión espectacular de los cánceres, las enfermedades neurodegenerativas, los problemas de fertilidad, la diabetes o la obesidad que se constata en los países ´desarrollados´, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de ´epidemia´?”.

A partir de esta pregunta (que se puede desde ahora mismo contestar positivamente: sí, existe relación estrecha) cuando invoquemos “el pan nuestro de cada día” habrá que añadir “ecológico”, sin venenos.

Pesticidas: Con este nombre designamos venenos químicos que sirven para matar. Su propia etimología lo expresa con toda claridad: “pesti” procede del latín pestis que designa plagas o enfermedades contagiosas, y “cida”, procedente igualmente del latín caedere, significa matar. Por tener esta denominación tan expresiva los fabricantes nos lo han hecho denominar como productos fitosanitarios, y su aplicación en el terreno, comúnmente, se designa con los términos médicos de “curar” y “tratar”.

La OMS, en 1990, nos advirtió que cada año mueren 220.000 personas en el mundo a consecuencia de la intoxicación aguda de pesticidas, entre uno y dos millones de envenenamientos involuntarios con ocasión de de la pulverización de los mismos y otros dos millones de intentos de suicidios. Asimismo, quinientos millones, principalmente campesinos u obreros del campo, son víctimas de intoxicaciones “menos graves”.

¿Por qué se ha tardado tanto en detectar la toxicidad de estos y otros biocidas?

Solo seis empresas (Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto y DuPont) tienen el control del 60% del mercado de semillas, del 76% del de insumos agrícolas –pesticidas y abonos- y del 100% de transgénicos. En cuanto a la industria de procesamiento de alimentos y bebidas, 10 empresas transnacionales controlan el 26% del mercado global de comestibles, entre los primeros lugares se encuentra Nestlé, KraftFoods y PepsiCo.

La carga de la prueba recae sobre los usuarios. Hay que demostrar que un producto determinado es dañino para la salud o para el ambiente, y eso solo se puede hacer contando muertos, a posteriori. Tampoco las entidades públicas evaluadoras lo hacen, no tienen medios, luego se han de fiar a priori con los resultados toxicológicos y las pruebas de campo que les facilitan las empresas cuando piden la autorización para lanzar un producto al mercado. O sea, que son las industrias las que suministran los estudios en los que se tienen que basar los evaluadores públicos para dar o no su autorización al producto presentado para tal fin. Y parte de los contenidos que facilitan estas empresas son secretos, están acogidos a una cláusula de confidencialidad, solo los conocen una veintena de expertos que son los que deciden. Estos informes, por tanto, no son públicos y su calidad no puede ser verificada por nadie externo al proceso.

Nuestra salud está en manos de la industria a la que se le supone que está más interesada por la salud de los consumidores que por su cuenta de resultados, es decir la presunción de inocencia mientras no demostremos los consumidores lo contrario.

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